Propuesta aprobada en Consejo de Ministros combina mayor flexibilidad y refuerzo de derechos para pagar salarios más altos
El Gobierno aprobó este jueves, en Consejo de Ministros, la propuesta de ley de revisión de la legislación laboral, en el marco de la reforma “Trabajo XXI”, una reforma que pretende hacer que las empresas sean más competitivas, promover mejores salarios y responder a los desafíos del mercado laboral y de la economía digital.
La propuesta, que pasa ahora a su tramitación parlamentaria, llega después de nueve meses de negociaciones en Concertación Social, con 58 reuniones y más de 200 horas de trabajo. La propuesta se basa en el texto del anteproyecto, pero se ha beneficiado de decenas de aportaciones de los interlocutores sociales, la comunidad académica y la sociedad civil.
La reforma es presentada por el Ejecutivo como un instrumento para modernizar el mercado laboral, aumentar la productividad y facilitar la conciliación entre la vida profesional y familiar, sin reducir los derechos laborales.
Más flexibilidad para empresas y trabajadores
Entre las principales modificaciones se encuentra la introducción de la bolsa de horas mediante acuerdo entre trabajador y empleador, permitiendo adaptar la jornada laboral a las necesidades de las empresas y de los trabajadores.
El nuevo régimen establece un límite de dos horas diarias y 150 horas anuales, exige el acuerdo expreso del trabajador y determina que las horas acumuladas deberán disfrutarse en un plazo máximo de seis meses o abonarse al final de dicho periodo con un incremento del 25 %.
La propuesta introduce también una mayor flexibilidad en los contratos de trabajo de duración determinada, volviendo a permitir la contratación temporal de jóvenes y desempleados de larga duración. El plazo mínimo de estos contratos aumenta a un año y la duración máxima pasa a ser de tres años en el caso de contratos de duración determinada, o de cinco años en el caso de contratos de duración indeterminada.
El proyecto de ley contempla además modificaciones en el teletrabajo, el trabajo en plataformas digitales y el régimen de horas extraordinarias, así como la simplificación de mecanismos como los expedientes de regulación temporal de empleo y la transmisión de empresas.
En el marco de la adaptación a la economía digital, la reforma incluye normas relativas al uso de algoritmos y de la inteligencia artificial en las decisiones empresariales, garantizando el control humano en cuestiones como la contratación y la evaluación de trabajadores.
Refuerzo de la conciliación entre trabajo y familia
La propuesta refuerza igualmente las medidas de protección social y familiar.
Una de las novedades es la creación de la jornada continua para padres, madres y abuelos de niños de hasta 12 años, o con discapacidad, enfermedad crónica o enfermedad oncológica, permitiendo reducir la pausa para comer y finalizar antes la jornada laboral, previo acuerdo con el empleador.
El permiso parental inicial puede alcanzar los seis meses remunerados al 100 %, cuando exista reparto entre los progenitores en la fase final del permiso. La propuesta contempla también el aumento del permiso exclusivo del padre.
En caso de interrupción del embarazo, la madre tendrá derecho a un permiso de entre 14 y 30 días, remunerado al 100 % por la Seguridad Social, mientras que el padre tendrá derecho a tres días de ausencia justificada.
La reforma mantiene también el régimen de lactancia más favorable de Europa, preservando el derecho a dos horas diarias de ausencia del trabajo, remuneradas por el empleador, hasta que el menor cumpla dos años.
Medidas para jóvenes y valorización del trabajo
La propuesta elimina el periodo de prueba específico para jóvenes e incluye medidas destinadas a facilitar su entrada en el mercado laboral, como contratos de duración determinada más largos y un régimen de trabajo durante las vacaciones escolares.
La propuesta refuerza además la protección de los estudiantes trabajadores, desempleados de larga duración, trabajadores con discapacidad y trabajadores jubilados.
Entre otras medidas, la propuesta contempla:
- aumento de la indemnización sustitutiva de la readmisión de trabajadores despedidos ilegalmente;
- aumento de la compensación por despido colectivo;
- posibilidad de recibir las pagas extraordinarias prorrateadas en doce mensualidades;
- aumento del periodo de vacaciones;
- fin de la obligación de devolver la indemnización por despido y otros créditos como condición para impugnar el despido;
- posibilidad de compatibilizar la jubilación anticipada con ingresos procedentes del trabajo;
- recuperación de la posibilidad de renunciar a créditos mediante acuerdo, con mayores garantías para los trabajadores.
Impulso de la negociación colectiva
La propuesta incluye también medidas para impulsar la negociación colectiva, con más materias abiertas a la negociación entre los interlocutores sociales y nuevos mecanismos para acelerar la renovación de los convenios colectivos.
En el ámbito del derecho de huelga, el proyecto de ley prevé ampliar los sectores considerados esenciales a efectos de establecer servicios mínimos y garantiza que en las huelgas de sectores esenciales siempre haya servicios mínimos.
Según el Gobierno, la reforma pretende responder a problemas estructurales de la economía portuguesa, como los bajos salarios, la reducida productividad, la elevada segmentación del mercado laboral y la dificultad para retener en el país a jóvenes cualificados.
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